La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz del Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, rechaza rotundamente la nueva ley antiinmigrante promovida por el Gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, pues alienta la discriminación racial.
Esta medida criminaliza a la población migrante en los Estados Unidos y limita su libertad para trabajar o continuar con sus estudios en ese país. La ley SB4 pretende que la Justicia estatal pueda ordenar la expulsión de una persona extranjera sin mediar proceso legal; así como dar autorización a la policía local y estatal para arrestar y procesar a quienes sean sospechosos de cruzar irregularmente la frontera desde México. Actualmente, la policía local requiere del consentimiento del gobierno federal para realizar cualquier detención a inmigrantes, pero de aprobarse la ley de Texas, se les dará la libertad de arrestarlos en escuelas públicas o privadas, iglesias u otros sitios de culto, y centros médicos.
La ley SB4 convierte en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular, lo cual conlleva una pena de hasta seis meses de cárcel. Si el infractor es residente, la falta se considerará como un delito grave y será penado hasta con 20 años de prisión.
La ley de Texas vulnera los Derechos Humanos fundamentales de las personas migrantes. Por su parte, la administración del Presidente Joe Biden la considera una violación a la Constitución y a las leyes federales, pues intenta interferir con la facultad del gobierno de Washington para regular la migración. Por este motivo, la ley ha sido llevada a revisión ante la Corte Suprema, organismo que la ha mantenido bloqueada por una semana; sin embargo, puede cambiar de parecer en cualquier momento, como lo hizo el pasado martes, 19 de marzo, cuando permitió su entrada en vigor por unas horas.
La CIDHPDA considera que este tipo de iniciativas legales no solucionará la crisis migratoria, solo motiva la discriminación, la persecución y los discursos de odio hacia este sector de la población. Cabe recordar que la comunidad migrante impulsa la economía de Estados Unidos y de México. En el caso del vecino del norte, los migrantes cubren millones de puestos de trabajo esenciales en áreas como la salud, la industria manufacturera, la tecnología y la construcción. Mientras que, las remesas que se envían a México, mantienen fuerte a la economía del país. Por lo tanto, ambas naciones deben preocuparse por implementar un plan de cooperación para resolver las problemáticas derivadas de la migración, procurando el bienestar y los derechos humanos de los inmigrantes, así como respetar los proyectos de vida que cada uno de ellos ha estado trabajando durante años en suelos estadounidenses.
Migrar es un Derecho Humano reconocido en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo lo concerniente a este fenómeno social debe tratarse en pro de la dignidad de las personas migrantes, tratando de resolver las problemáticas que las obligan a dejar su lugar de origen, así como regular los procesos migratorios. La CIDHPDA reitera su rechazo ante toda legislación que promueva la discriminación hacia la comunidad latina en Estados Unidos, la cual, en su gran mayoría, llega a ese país para buscar empleo y mejores condiciones de vida. Así mismo, manifestamos nuestra solidaridad y apoyo con nuestros hermanos y hermanas migrantes.
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